Ficha sinóptica y contenido íntegro de la propuesta de decreto articulado de la transferencia de las llamadas políticas activas de empleo, aprobada por el gobierno vasco en su consejo de 13 de febrero de 2001, reiterada al gobierno socialista tras las elecciones generales de marzo de 2004, con el que desde entonces se ha estado negociando sin que hasta el presente se haya podido alcanzar un acuerdo (pdf. 37,5 kb).

El pasado martes, en el marco de unas jornadas organizadas en Bilbao por un sindicato español, el Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, realizó unas manifestaciones públicas radicalmente falsas cuyo único objetivo es el de transmitir una confusión interesada a la ciudadanía vasca, porque:

Primero.- Según han reflejado diversos Medios de Comunicación, el Secretario de Estado afirmó que el escollo que impide la transferencia a Euskadi de la ejecución de la legislación del Estado en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (políticas activas de empleo) se halla en el hecho de que "el Gobierno Vasco ha asociado el traspaso de las políticas activas de empleo con el traspaso de las cotizaciones del desempleo".

El señor Granado miente, y lo sabe, porque todo un Secretario de Estado en la materia no puede ignorar la propuesta formulada por Euskadi, que expresamente desvincula la negociación y transferencia de las denominadas políticas activas de empleo del traspaso de la gestión de las prestaciones de desempleo -llamadas políticas pasivas-, lo cual no obsta para que Euskadi no renuncie a la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18 y Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika), pendiente también desde hace tres décadas.

Así se explicita en el apartado c) de la propuesta de decreto de transferencia (*) que el Gobierno Vasco lleva cuatro años "negociando" infructuosamente con el Gobierno de Zapatero -la única transferencia que hasta el momento se ha dispuesto a "negociar"-. De hecho, el señor Granado, en su calidad de Secretario de Estado, ha asistido a alguna de las reuniones mantenidas entre ambas partes.

Segundo.- El Secretario de Estado aseguró, asimismo, que Euskadi es la única comunidad que no tiene transferidas las políticas activas de empleo "por problemas de Cupo", esto es, por la posición política que mantiene el Gobierno Vasco respecto a que la valoración y la relación financiera correspondiente al traspaso se realice a través del Cupo.

Esta afirmación resulta, por un lado, reveladora de cómo entiende un Secretario de Estado el cumplimiento de los acuerdos políticos y de la ley, como un problema. Y, por otro, desvela el auténtico obstáculo que mantiene bloqueada esta transferencia por parte del Gobierno del Partido Socialista, su pretensión de que no se materialice vía Cupo.

Aceptar dicha pretensión supondría denigrar nuestro autogobierno, puesto que es a través del Cupo, el instrumento que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado, como se han articulado, en términos de cargas asumidas y cargas no asumidas, todas las relaciones financieras asociadas a las transferencias de funciones y servicios para el ejercicio de las competencias contenidas en el Estatuto de Gernika.

Además, implicaría un grave quebranto económico y de fondo para las instituciones y la sociedad vascas, ya que cabe definir una transferencia mínimamente digna de esta materia en cifras que se hallan muy alejadas de la voluntad del Gobierno español y en contenidos que den cumplimiento a nuestra especificidad estatutaria que el Estado trata una y otra vez de eliminar.

Tercero.- A modo de conclusión sobre lo que antecede, y con objeto de desenmascarar las insidiosas falsedades que se están propagando, hay que recordar una vez más que hasta el propio Tribunal Constitucional español ha dejado meridianamente establecido que las cuotas de formación no forman parte de la Seguridad Social, podrían ser por tanto declaradas como ingreso asociado al traspaso o aplicárseles el modelo de Concierto Económico para su gestión por las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Lo contrario es contrario al Estatuto y, por consiguiente, desde una perspectiva jurídica, irreconciliable con una lectura justa de la ley.

Por tanto, basta ya de confundir interesadamente, de mentir, en suma, acerca de la propuesta de este Gobierno en torno a las políticas activas, mezclándolas con la Seguridad Social. En su propuesta de transferencia de las conocidas como políticas activas de empleo el Gobierno Vasco no pretende la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, por más que ello no suponga renuncia al mismo puesto que, con el Estatuto de Gernika en la mano, así corresponde a Euskadi.

Cuarto.- El Secretario de Estado mostró, por otra parte, su disposición a "realizar una oferta integral que permita el cumplimiento razonable del Estatuto de Gernika" en torno a una serie de materias relacionadas con la Seguridad Social, cuyos traspasos "se podrían realizar inmediatamente".

Estas palabras son un auténtico insulto a las instituciones y la sociedad vascas. Después de treinta años incumpliendo el Estatuto de Gernika, y después de que el Presidente español, Rodríguez Zapatero, haya dicho que "nunca" se va a transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ahora se efectúan "ofertas" en actos sindicales cuando todavía se hallan sin respuesta las últimas propuestas oficialmente remitidas por el Gobierno Vasco en relación a estas materias.

Por cierto, este Gobierno espera que algún día el señor Granado explique qué parte o partes del Estatuto de Gernika le parecen "irrazonables" cumplir, o dicho de otra manera, si el Estado sólo está dispuesto a un cumplimiento no íntegro sino, con suerte, limitado de parte de lo que queda de Estatuto.

Quinto.- Llueve sobre mojado. En este mismo asunto al Secretario de Estado de Seguridad Social le han precedido hace escasas fechas el propio Rodríguez Zapatero ante el Senado, y los señores López y Cabieces aquí en Euskadi.

Aquí en Euskadi hace pocos días hemos llegado a oír que cumplir el Estatuto de Gernika es "una propina", o sea, la verbalización cruda y sin ambages de esa concepción según la cual la autonomía no es un derecho sino una concesión del Estado, y, como tal, sujeta a la sola y discrecional voluntad del Estado.

Sepan el Gobierno español y el Partido Socialista que a pesar del hastío que producen tantas mentiras, falsedades y confusiones interesadas, el Gobierno Vasco seguirá reivindicando respuestas a sus propuestas en esta materia de políticas activas de empleo que el Estado no ha contestado formalmente más que en actos públicos y con razonamientos mediáticos y no mediante el diálogo y la argumentación jurídica y estatutaria que son necesarias desde una lectura no cercenada ni limitada del texto estatutario.